Desde sus inicios en Colombia, han sido muy frecuentados y sus servicios han ido mejorando. También se han ido abaratando gracias a la competencia, en beneficio de sus visitantes. Algunos lo complementan con la parte “café” y otros, ofreciendo delicias culinarias y reposteras.

El hecho es que este negocio ha crecido considerablemente en Colombia y en el mundo, y con él también han aumentado los cuestionamientos sobre su legalidad y la de algunas actividades que se realizan en estos establecimientos. Estos cuestionamientos varían de acuerdo a los intereses que se intenten proteger, como por ejemplo, por ahora en Colombia, los de víctimas de delitos informáticos y los de los operadores autorizados para servicios de telefonía de larga distancia.

Sobre el primer aspecto, está en trámite el proyecto de ley 166 presentado el 31 de enero de este año ante la Cámara de Representantes por el congresista Alvaro Ashton Giraldo, que pretende exigir a los establecimientos que presten servicios de Internet y de fax al público, llevar un libro de registro que tiene como objetivo evitar el anonimato de los delincuentes que utilizan las nuevas tecnologías para cometer sus fechorías. Para lograrlo, seguramente en el trámite de este proyecto se incluirá -en lo referente a Internet- la obligación de registrar en qué fecha, a qué horas y con qué IP estaba conectado quién, identificado con cuál documento y posiblemente con cuál huella. Actualmente este proyecto está en estudio para presentación de ponencia en primer debate.

Por otro lado se encuentran las llamadas telefónicas de larga distancia por Internet, realizadas desde cibercafés. Aunque para el ciberconsumidor podrían representar un ahorro, para las autoridades colombianas -Ministerio de Comunicaciones y CRT - esta práctica es ilegal en la medida en que este servicio, conocido también como Voz sobre IP, se comercialice. Para esto se requiere la obtención de licencia en los mismos términos que los operadores de telefonía de larga distancia autorizados en el país. Las políticas varían de país a país, siendo en Colombia prohibida, no la tecnología en sí, sino su uso para servicio público sin la licencia respectiva, lo cual conlleva a sanciones administrativas y hasta penales.

El país que más ha dado de qué hablar en cuanto a restricciones impuestas a los cibercafés es China, mientras que Vietnam e Irán le siguen los pasos. En China, donde para muchos estos establecimientos son la única forma de conectarse, se han considerado como “vehículos de contaminación cultural” y se les han impuesto obligaciones como la de obtener un permiso, instalar un software (que suele incluir programas espías) para controlar la navegación hacia sitios considerados por las autoridades como subversivos o pornográficos, no permitir el acceso de menores de edad y cerrar a medianoche.

La persecución se intensificó a raíz del incendio del cibercafé “Lanjisu Café” el 16 de junio del año pasado en el barrio universitario de Haidian en Pekín, el cual fue causado por dos menores por venganza contra el dueño por no dejarlos usar los computadores. El resultado fue 25 muertos y una docena de heridos. Luego de este trágico hecho, las autoridades chinas, aprovechando la oportunidad, han cerrado más de 3.000 cibercafés y han quitado la licencia a más de 11.000 aduciendo como razón “medidas de seguridad”. Actualmente todos se encuentran cerrados como medida de seguridad impuesta por las autoridades contra la propagación de SARS.

En Ecuador para poder tener un cibercafé hay que registrarlo según lo ordenado por Resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Esta entidad define los servicios que pueden ser comercializados por los cibercafés e impone una serie de requisitos para registrarlos y el pago de unos aportes cuyo valor disminuye si operan en zonas rurales.

Uno de los debates más candentes es el que se dio en España a raíz de que el Ministerio del Interior a través de la Comisión Nacional de Juego, presentó una propuesta de regulación para asimilar los cibercafés a los salones de juego, que se rigen por un reglamento especial. Esta propuesta generó reacciones contrarias por parte de la Asociación de Usuarios de Internet, AUI, y hasta la creación de una asociación nacional de cibercafés.

De aprobarse esta iniciativa, estos establecimientos y bibliotecas u otros que prestan servicios públicos de acceso a Internet, hubieran tenido que cerrar o pagar impuestos altos y licencias por cada computador que superan su costo, además que cerrar sus puertas a menores de edad y personas con poca capacidad económica. Finalmente el Gobierno español replanteó su posición y en diálogo con las entidades mencionadas decidió enfocarse en los beneficios que los cibercafés aportan a la Sociedad de la Información, invitándolos a autorregularse.

En Los Angeles y otras ciudades de California, se han presentado incidentes violentos en algunos cibercafés causados por videojuegos como Counter-Strike. El concejal Dennis Zine ha propuesto una regulación similar a la de las máquinas recreativas y una mayor seguridad para estos establecimientos que incluyen medidas como la contratación de guardias de seguridad y la utilización de cámaras de video. Los propietarios se oponen, alegando que son negocios pequeños que no podrían cubrir esos gastos y muchos piensan que los videojuegos no son los culpables de la violencia, sino las pandillas asiáticas.

Finalmente no puede dejar de mencionarse la condena de la Alta Corte de Londres a la cadena inglesa de cibercafés EasyInternet Café en marzo de este año, por cobrar a sus usuarios el servicio de grabación de música ilegalmente descargada de Internet. Aunque la intención de la cadena era apelar la decisión, prefirió llegar a un acuerdo con la demandante, Industria Fonográfica Británica (BPI) por 180.000 euros que incluyen daños y cuotas legales.

Aunque aún queda mucha tela por cortar en este tema, como el acceso de menores a la pornografía en estos negocios, lo anterior es una muestra suficiente de que los cibercafés colombianos y del mundo, piezas fundamentales en el desarrollo de la Sociedad de la Información, están en la mira, no sólo de las autoridades, sino de aquéllos que ven en ellos, una fuerte competencia para sus negocios.

Milena Quijano Zapata 
Abogada Especializada en Internet

Publicado con adaptaciones en El Tiempo el 12 de mayo de 2003, página 2-5 
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